¿Qué son los préstamos rápidos o microcréditos?

Los préstamos rápidos o microcréditos son productos financieros diseñados para ofrecer pequeñas cantidades de dinero de forma ágil y con requisitos mínimos. Generalmente, se caracterizan por:

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• Importes reducidos: Suelen oscilar entre 50 y 1,000 euros, aunque pueden variar según el prestamista.

• Plazos cortos: El tiempo de devolución es breve, normalmente entre 7 y 90 días, aunque algunos permiten plazos más largos.

• Accesibilidad: Están dirigidos a personas que necesitan liquidez inmediata, incluso aquellas con historiales crediticios menos favorables o sin nómina fija.

• Tramitación sencilla: La solicitud se realiza en línea, con aprobación rápida (a veces en minutos) y sin apenas documentación.

• Intereses elevados: Los microcréditos suelen tener tasas de interés muy altas, con una Tasa Anual Equivalente (TAE) que puede superar el 4,000% en algunos casos, lo que los hace significativamente más caros que otros préstamos.

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Estos productos son ofrecidos principalmente por entidades financieras no bancarias, como plataformas fintech o empresas especializadas, y se promocionan como soluciones para emergencias financieras, como gastos imprevistos o pagos urgentes.

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¿Se pueden reclamar?

Sí, en ciertos casos, los microcréditos pueden ser objeto de reclamación, especialmente si se han incumplido normativas o si las condiciones del contrato son abusivas. Las principales razones por las que se podrían reclamar:

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1. Intereses usurarios

• Según la Ley de Represión de la Usura de 1908, un préstamo puede considerarse usurario si los intereses son "notablemente superiores al normal del dinero" y desproporcionados en relación con las circunstancias del caso.​​

• Los tribunales, basándose en sentencias del Tribunal Supremo (como la de 25 de noviembre de 2015), han declarado nulos contratos de microcréditos con TAEs excesivamente altas, considerando que son abusivos. ​

• Consecuencia: Si se declara usura, el contrato puede anularse, y el prestatario solo estaría obligado a devolver el capital prestado, sin intereses ni comisiones.

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2. Falta de transparencia

• Las entidades deben proporcionar información clara y comprensible sobre las condiciones del préstamo, incluyendo la TAE, el coste total, y las consecuencias de impago, según la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo.​​

• Si la empresa no informó adecuadamente al cliente (por ejemplo, omitiendo el coste real del crédito o usando términos engañosos), el contrato podría ser impugnado por falta de consentimiento informado.​​

• Consecuencia: Posible nulidad del contrato o eliminación de cláusulas abusivas.

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3. Cláusulas abusivas

• Algunos contratos incluyen cláusulas que vulneran los derechos del consumidor, como penalizaciones desproporcionadas por impago, comisiones excesivas o condiciones que limitan los derechos del prestatario.​​

• La Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas y la legislación española protegen a los consumidores frente a estas prácticas.​​

• Consecuencia: Las cláusulas abusivas pueden ser declaradas nulas, y el contrato podría modificarse o anularse parcialmente.

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4. Incumplimiento de requisitos legales

• Las entidades prestamistas deben estar registradas en el Banco de España o cumplir con las normativas aplicables. Si operan sin autorización o incumplen requisitos legales, los contratos podrían ser impugnables.​​

• Consecuencia: Posible nulidad del contrato y devolución de cantidades pagadas de más.