Límite a los intereses de microcréditos y tarjetas revolving

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, ha ultimado el anteproyecto de ley que transpone la Directiva Europea de Crédito al Consumo (UE 2023/2225) y que pondrá fin a décadas de abusos en el sector de los préstamos rápidos y las tarjetas revolving. La norma, que previsiblemente se aprobará en las próximas semanas, introduce por primera vez en España límites legales al coste del crédito y un endurecimiento sin precedentes de las reglas de concesión.

La medida estrella es el establecimiento de topes obligatorios al precio del dinero. Hasta ahora, algunas financieras han llegado a cobrar TAE que superan el 3.000 % en microcréditos

, convirtiendo un imprevisto menor en deudas eternas. Con la nueva ley, esos intereses disparatados pasarán a la historia: el coste total del crédito deberá ser “razonable y proporcional”, y el Gobierno fijará límites máximos vinculantes que impedirán que un microcrédito rápido se transforme en una trampa usuraria.

Además, se acabará con la letra pequeña y los contratos interminables. La normativa obligará a las entidades a destacar en lugar visible y con lenguaje claro el importe total a devolver, la TAE real, las comisiones y el calendario de pagos, tanto en la publicidad como en la primera página del contrato. Quedarán prohibidas las ofertas gancho engañosas, las casillas premarcadas y cualquier diseño que oculte el verdadero coste del producto.

Otro cambio revolucionario afecta a la concesión del crédito: las entidades estarán obligadas a realizar una evaluación de solvencia rigurosa y, por medio de consulta de bases de datos pertinentes. Si el resultado es negativo, tendrán prohibido conceder el préstamo, sin excepciones. El objetivo es cortar de raíz la práctica de prestar dinero a personas que claramente no podrán devolverlo, evitando así la espiral de sobreendeudamiento que afecta a cientos de miles de familias.

Por último, los consumidores ganan más poder para echarse atrás. Se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días sin explicaciones, pero con una novedad clave: si la entidad no entregó la información precontractual completa o lo hizo de forma poco clara, el plazo de 14 días no empezará a contar hasta que el cliente reciba todos los datos correctamente. Esto abre una ventana mucho más amplia para cancelar contratos usurarios y recuperar el dinero pagado de más.

La nueva ley entrará en vigor previsiblemente en 2026 y supondrá un antes y un después en la protección de los consumidores frente a los créditos tóxicos.